El precio deja de ser determinante en la adjudicación de contratos públicos

“El precio va a dejar de ser un criterio determinante a la hora de adjudicar un contrato público. Hay que desterrar la idea de que las Administraciones vamos a utilizar el precio como único criterio”, afirmó Begoña Fernández, directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, en el marco del cuarto Congreso de Restauración Colectiva, celebrado en Madrid el pasado 6 de noviembre.

En efecto, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de este año, establece, por primera vez, la obligación de incorporar, en toda contratación pública, criterios medioambientales y sociales vinculados al objeto del contrato con el fin de conseguir una mejor relación calidad-precio del suministro, servicio u obra, y una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Según el texto legal, “la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos”. En este sentido, pueden considerarse criterios cualitativos las características sociales, medioambientales e innovadoras; la comercialización y sus condiciones; la calidad –incluido el valor técnico–; las características estéticas y funcionales, y la accesibilidad y el diseño universal –para todas las personas usuarias–.

Por lo que respecta a las características medioambientales, pueden referirse, por ejemplo, a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética, y a la utilización de energías renovables durante la ejecución del contrato.

En cuanto a la comercialización, aspectos como el servicio posventa, el plazo de entrega y los compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro también pueden ser evaluados.

El coste del ciclo de vida: nuevo criterio basado en la rentabilidad
La nueva ley determina que los criterios cualitativos deben ir acompañados de un criterio relacionado con los costes, el cual puede ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida.

El ciclo de vida de un producto, obra o servicio comprende la investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricación, la comercialización, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las materias primas necesarias y la generación de recursos. Es decir, todas las fases hasta que se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización.

El cálculo del coste del ciclo de vida incluirá, según el caso, la totalidad o una parte de los siguientes costes en los que se haya incurrido. Por un lado, los costes sufragados por el órgano de contratación o por otros usuarios, como son los relacionados con la adquisición, utilización –por ejemplo, el consumo de energía–, mantenimiento, y de final de vida –como la recogida y reciclado–. Por otro lado, los costes imputados a externalidades medioambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero.

Paralelamente a la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, este año también se ha publicado el Real Decreto 6/2018, en virtud del cual se ha creado la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública. Según esta norma, los parámetros que se fijen se basarán en los criterios actuales de contratación pública ecológica de la Unión Europea.

Green Public Procurement UE: los criterios europeos de la contratación pública verde
La Comisión Europea está desarrollando, para determinados grupos de productos, informes técnicos que pretenden ser utilizados como códigos de buenas prácticas en materia de compras y contratación pública. “Es posible que los criterios que incluyen estos informes técnicos acaben incorporándose a normas de carácter obligatorio, pero de momento su aplicación es voluntaria”, afirma Clara Morán, abogada de la firma Global Pacta en declaraciones a Felac Innova.

Clara Morán, que participó en el Congreso de Restauración Colectiva como ponente en tanto que asesora del Food Service Institute, se refirió a la contratación pública verde (Green Public Procurement) como “el proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir bienes, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros bienes, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar”.

Actualmente se está gestando la versión definitiva del informe técnico sobre los criterios para las compras y contratación pública verde de alimentación y servicios de catering. Respecto al equipamiento para hostelería, el último borrador de este informe pone el foco en la minimización del consumo energético e hídrico de hornos, quemadores, sistemas de extracción de humos, lavavajillas y equipos de refrigeración. Para ello, fija por ejemplo los índices adecuados de eficiencia energética para la adquisición de maquinaria refrigerada, o el porcentaje mínimo de lavavajillas que tienen que ir provistos, en una instalación, de sistemas que optimicen su uso. Asimismo, insta a seguir una serie de procedimientos en el uso de toda esta maquinaria.

Especial atención dedica a las máquinas de vending. “Se insiste en que estas dispongan de modos ‘eco’ de reposo, y se estipula una horquilla de porcentajes para la venta de alimentos orgánicos, de comercio justo y que contengan aceite de palma sostenible”, comenta Clara Morán.

Medidas de apoyo a la pyme con la nueva ley
La Ley de Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de contratación pública, favorece el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública. A lo largo de su articulado, se establecen medidas de apoyo a las pymes, como la simplificación de los trámites. “Los procedimientos van a ser más rápidos y flexibles”, aseguró Begoña Fernández en la cuarta edición del congreso organizado por el portal de noticias www.restauracioncolectiva.com.