El precio deja de ser determinante en la adjudicación de contratos públicos

“El precio va a dejar de ser un criterio determinante a la hora de adjudicar un contrato público. Hay que desterrar la idea de que las Administraciones vamos a utilizar el precio como único criterio”, afirmó Begoña Fernández, directora general de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, en el marco del cuarto Congreso de Restauración Colectiva, celebrado en Madrid el pasado 6 de noviembre.

En efecto, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo de este año, establece, por primera vez, la obligación de incorporar, en toda contratación pública, criterios medioambientales y sociales vinculados al objeto del contrato con el fin de conseguir una mejor relación calidad-precio del suministro, servicio u obra, y una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos.

Según el texto legal, “la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos”. En este sentido, pueden considerarse criterios cualitativos las características sociales, medioambientales e innovadoras; la comercialización y sus condiciones; la calidad –incluido el valor técnico–; las características estéticas y funcionales, y la accesibilidad y el diseño universal –para todas las personas usuarias–.

Por lo que respecta a las características medioambientales, pueden referirse, por ejemplo, a la reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero, al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética, y a la utilización de energías renovables durante la ejecución del contrato.

En cuanto a la comercialización, aspectos como el servicio posventa, el plazo de entrega y los compromisos relativos a recambios y seguridad del suministro también pueden ser evaluados.

El coste del ciclo de vida: nuevo criterio basado en la rentabilidad
La nueva ley determina que los criterios cualitativos deben ir acompañados de un criterio relacionado con los costes, el cual puede ser el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida.

El ciclo de vida de un producto, obra o servicio comprende la investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricación, la comercialización, el transporte, la utilización y el mantenimiento, la adquisición de las materias primas necesarias y la generación de recursos. Es decir, todas las fases hasta que se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la utilización.

El cálculo del coste del ciclo de vida incluirá, según el caso, la totalidad o una parte de los siguientes costes en los que se haya incurrido. Por un lado, los costes sufragados por el órgano de contratación o por otros usuarios, como son los relacionados con la adquisición, utilización –por ejemplo, el consumo de energía–, mantenimiento, y de final de vida –como la recogida y reciclado–. Por otro lado, los costes imputados a externalidades medioambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero.

Paralelamente a la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, este año también se ha publicado el Real Decreto 6/2018, en virtud del cual se ha creado la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública. Según esta norma, los parámetros que se fijen se basarán en los criterios actuales de contratación pública ecológica de la Unión Europea.

Green Public Procurement UE: los criterios europeos de la contratación pública verde
La Comisión Europea está desarrollando, para determinados grupos de productos, informes técnicos que pretenden ser utilizados como códigos de buenas prácticas en materia de compras y contratación pública. “Es posible que los criterios que incluyen estos informes técnicos acaben incorporándose a normas de carácter obligatorio, pero de momento su aplicación es voluntaria”, afirma Clara Morán, abogada de la firma Global Pacta en declaraciones a Felac Innova.

Clara Morán, que participó en el Congreso de Restauración Colectiva como ponente en tanto que asesora del Food Service Institute, se refirió a la contratación pública verde (Green Public Procurement) como “el proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir bienes, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros bienes, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar”.

Actualmente se está gestando la versión definitiva del informe técnico sobre los criterios para las compras y contratación pública verde de alimentación y servicios de catering. Respecto al equipamiento para hostelería, el último borrador de este informe pone el foco en la minimización del consumo energético e hídrico de hornos, quemadores, sistemas de extracción de humos, lavavajillas y equipos de refrigeración. Para ello, fija por ejemplo los índices adecuados de eficiencia energética para la adquisición de maquinaria refrigerada, o el porcentaje mínimo de lavavajillas que tienen que ir provistos, en una instalación, de sistemas que optimicen su uso. Asimismo, insta a seguir una serie de procedimientos en el uso de toda esta maquinaria.

Especial atención dedica a las máquinas de vending. “Se insiste en que estas dispongan de modos ‘eco’ de reposo, y se estipula una horquilla de porcentajes para la venta de alimentos orgánicos, de comercio justo y que contengan aceite de palma sostenible”, comenta Clara Morán.

Medidas de apoyo a la pyme con la nueva ley
La Ley de Contratos del Sector Público, que transpone al ordenamiento jurídico español las directivas europeas en materia de contratación pública, favorece el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la contratación pública. A lo largo de su articulado, se establecen medidas de apoyo a las pymes, como la simplificación de los trámites. “Los procedimientos van a ser más rápidos y flexibles”, aseguró Begoña Fernández en la cuarta edición del congreso organizado por el portal de noticias www.restauracioncolectiva.com.

Cómo acreditar la calidad higiénica del equipamiento hostelero en Europa

Hasta hace poco, en Europa no existía ningún instrumento específico para demostrar la calidad higiénica de los equipos comerciales en contacto con alimentos.

Es por ello que NSF International –organización independiente que elabora estándares y evalúa, audita y certifica productos con el objetivo de proteger y mejorar la salud humana– ha desarrollado el HCV EU (HACCP Compliance Verification), un programa de verificación del cumplimiento del método de análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC, o HACCP por sus siglas en inglés).

“Ante la ausencia de una legislación europea del equipamiento comercial para restauración directamente relacionada con la seguridad alimentaria, decidimos vincular nuestro nuevo servicio al sistema preventivo de gestión de la seguridad alimentaria APPCC porque en Europa es obligatorio que este sea implementado por toda empresa del sector de la restauración”, explica Ann Willems, directora para Europa de la Unidad de Equipamiento para Alimentación de NSF International.

Como resultado, nos encontramos ante el HCV EU, un programa de evaluación y registro de carácter voluntario ofrecido por una tercera parte independiente que permite a los fabricantes de equipamiento de hostelería demostrar su compromiso con la seguridad alimentaria y, al sector hostelero, facilitar la identificación de los requisitos de calidad higiénica a la hora de seleccionar y comprar equipos, así como consultar un listado público de aquellos verificados y registrados por NSF International.

A diferencia de la certificación sanitaria NSF, el HCV EU es un registro
Mientras que la certificación sanitaria NSF es conforme a los requisitos legales del mercado norteamericano, basados en el Código de Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), el registro HCV EU está dirigido al mercado europeo y se basa en la legislación europea.

El programa HCV EU cubre los mismos aspectos que la certificación sanitaria NSF –altamente recomendada para entrar en los mercados de Estados Unidos y Canadá–, pero no es una certificación sino un registro.

“Nos referimos al HCV EU como un registro porque la diferencia radica en que una certificación conlleva la realización de una auditoría inicial, seguida por una inspección regular anual no anunciada para chequear el continuo cumplimiento, algo que no implica el registro”, afirma Ann Willems. Para la verificación del cumplimiento continuo del HCV EU, NSF International pide al fabricante, una vez al año, que declare si el producto que está comercializando sigue siendo el mismo que el producto registrado. En caso de no serlo, el fabricante debe presentar un resumen de los cambios para que NSF los revise y actualice los archivos del registro.

“Algunos fabricantes y especificadores nos han consultado si podemos hacer también inspecciones para el servicio HCV EU, y posiblemente añadamos esta opción en el futuro, de manera que entonces estaremos ante una certificación HCV EU”, revela Ann Willems.

A continuación, damos las claves de este registro voluntario cuyo proceso de evaluación de la calidad higiénica de los equipos está basado en la legislación europea.

1.¿Por qué surge el HCV EU?
Según Ann Willems, la primera razón fue que cadenas de restaurantes de comida rápida con sede central en Estados Unidos y que también operan en Europa buscaban un instrumento similar a la certificación NSF en el mercado europeo que les permitiese verificar aspectos relacionados con el cumplimiento higiénico de los equipos en contacto con alimentos que tenían intención de comprar.

La segunda razón fue que fabricantes europeos de equipamiento de hostelería que ya disponían de la certificación sanitaria NSF se mostraron interesados en disponer de un servicio equivalente a esa certificación, pero dirigida al mercado europeo que pudiera demostrar la calidad de la higiene y seguridad alimentaria de sus equipos.

2.¿En qué legislación europea está basado el registro HCV EU?
El HCV EU verifica el cumplimiento de la legislación europea sobre materiales y artículos destinados a entrar en contacto con alimentos (Reglamento CE 1935/2004), y ofrece la verificación de cumplimiento del APPCC respecto a los aspectos de diseño higiénico según la norma europea UNE-EN 1672-2, y de rendimiento higiénico según los estándares de NSF.

3.¿Qué aspectos críticos cubre?
Materiales en contacto con alimentos: verifica que estos materiales son apropiados para el contacto con alimentos según el Reglamento CE 1935/2004. “Los informes con los resultados de las pruebas a las que se someten los equipos pueden ser utilizados por el fabricante para respaldar su declaración de conformidad con los requisitos del Reglamento CE 1935/2004, la cual es requisito legal en Europa”, advierte Ann Willems.

Diseño higiénico: confirma que el equipo permite una fácil limpieza y mantenimiento conforme a los requisitos de diseño higiénico de la norma UNE-EN 1672-2.

Rendimiento higiénico (cuando sea aplicable): prueba la capacidad del equipo para mantener los alimentos a temperaturas seguras y para permitir la limpieza in situ.

4.¿Aparecen los productos verificados en un listado público?
Tras someterse a los análisis pertinentes, una vez que el equipo cumple con los tres aspectos cubiertos por el programa HCV EU –en caso de ser todos ellos aplicables–, este será registrado y el fabricante podrá hacer uso del logotipo HCV EU en el mismo producto o embalaje y en sus materiales publicitarios.

Paralelamente, el equipo será incluido en el listado público de productos que han superado el proceso de verificación de cumplimiento del HCV EU, que concreta los aspectos verificados y se encuentra en la página web de NSF International. Esa base de datos on line funciona también como catálogo para compradores que buscan productos registrados.

5.¿En qué consiste la modularidad del HCV EU?
Tanto en los productos acabados como en aquellos que todavía están en proceso de desarrollo puede ser revisado uno de los tres aspectos –materiales con contacto con alimentos, diseño higiénico y rendimiento higiénico–. En ese caso, solo se emitirá un informe del aspecto revisado, pero no se registrará el producto ni será incluido en la lista pública. Tampoco será posible hacer uso del logotipo HCV EU.

“No obstante, esos resultados positivos pueden ser utilizados más adelante para registrar el producto en un futuro”, comenta Ann Willems. El HCV EU es, por tanto, modular y ofrece una elección de aspectos para revisar, siendo personalizable.

6.¿Qué ventajas tiene el HCV EU para los productos en desarrollo?
Los fabricantes que se encuentran en plena fase de desarrollo del producto pueden verificar uno o más aspectos del equipo, de manera que están a tiempo de realizar cambios en él antes de que sea definitivo.

7.¿Qué servicio puede brindar el HCV EU al sector de la restauración?
Especificadores como cadenas de restaurantes que quieran contar el análisis de una tercera parte independiente sobre uno o más aspectos del equipamiento para hostelería que tienen pensado adquirir pueden acogerse al servicio “solo test”. O incluso pueden llegar a solicitar el registro HCV EU al fabricante de los equipos que quieren comprar para asegurarse de que estos respaldan completamente su plan de APPCC.

8.¿Qué sucede si el equipo ya está certificado por NSF?
Los aspectos de diseño y rendimiento de la certificación sanitaria NSF se pueden transferir al proyecto de HCV EU. Sin embargo, el cumplimiento del aspecto del material en contacto con alimentos se tiene que revisar de todos modos conforme a los requisitos del Reglamento CE 1935/2004.

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (Afehc) mantiene un acuerdo de colaboración con NSF International gracias al cual sus empresas miembros obtienen condiciones ventajosas en los servicios de certificación y formación.

¿Y si en un futuro la maquinaria hostelera se alquilase en vez de comprarse?

El fabricante de electrodomésticos Bosch ha iniciado en Holanda una prueba piloto con el nombre de Blue Movement a través de la cual no vende lavadoras y secadoras sino el servicio de lavado y secado. De esta manera, el usuario paga una cantidad fija al mes, pudiéndose acoger a tres tipos de suscripción –básica, confort y prémium–. Esta suscripción, que incluye gratuitamente las reparaciones, viene determinada por el nivel tecnológico del aparato, habiendo una, la básica, que incluso ofrece aparatos preparados para su reutilización.

Según Ramon Villacampa, jefe de Protección del Medio Ambiente, Seguridad Laboral, Asociaciones y Normalización de BSH Electrodomésticos España, esta iniciativa, en la cual se pasa de la posesión al uso y donde el propietario de la máquina no es el usuario sino el fabricante, da un paso hacia la economía circular, ese sistema productivo en el que prácticamente no existirán residuos y se reutilizarán y conservarán las materias primas. “Lo rompedor de este proyecto es que, como fabricante, cerramos el ciclo y recuperamos nuestros propios aparatos, lo que significa que vamos a poder reutilizar piezas y materiales”, afirma.

Otro ejemplo de prácticas circulares es el del fabricante de productos de iluminación Philips Lighting, que acaba de ser rebautizada como Signify. “Hay clientes que no están interesados en comprar luminarias y que estas sean de su propiedad sino que lo único que quieren es tener un servicio de iluminación”, explica Pablo Barallat, director del canal profesional de Signify Iberia.

El servicio Circular Lighting que ofrece este fabricante implica adoptar aquellas medidas preventivas necesarias para que la iluminación que instala dure el mayor tiempo posible con la menor inversión por parte del usuario final, por lo que la iluminación conectada basada en la tecnología del internet de las cosas (IoT) desarrolla un papel fundamental al informar en todo momento del comportamiento de las luminarias. Ahorros a largo plazo, ausencia de inversiones iniciales, actualizaciones continuas de producto, mantenimiento incorporado, gestión de las luminarias al final de su vida útil y, en definitiva, luz sin quebraderos de cabeza para que el negocio se dedique a su actividad principal son algunos de los beneficios para el usuario de este servicio alineado con la visión circular.

Ambos ejemplos de economía circular fueron expuestos en el II Congreso Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) celebrado en Valencia el 4 y 5 de octubre.

Pero, ¿qué es exactamente la economía circular?
Tal como apuntó en el congreso Javier Cachón de Mesa, director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, “la economía será circular o no será, ya que harían falta tres veces los recursos de los que dispone el planeta Tierra para continuar con el modelo económico lineal actual basado en extraer, producir y consumir”.

En esta redefinición del actual modelo de producción y consumo, dominante desde la Revolución Industrial, se erigen como pilares fundamentales la maximización de los recursos disponibles para que estos permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo, y la reducción de la generación de residuos, aprovechando al máximo aquellos que no se hayan podido evitar teniendo en cuenta que “el mejor residuo es aquel que no se genera”.

En este sentido, Javier Cachón de Mesa anunció que antes de finalizar el año será presentada la Estrategia Española de economía circular “España circular 2030“, la cual sienta las bases para avanzar en el desarrollo de una economía circular en nuestro país. Este marco estratégico desplegará planes de actuación en producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua de manera multidisciplinar, si bien la industria y el turismo son dos de los cinco sectores identificados como prioritarios.

La importancia de la gestión de RAEE dentro de la economía circular
El marco normativo de la gestión de RAEE se basa en la responsabilidad ampliada del productor, que a la práctica significa que es el productor quien está obligado a financiar la gestión de ese aparato eléctrico o electrónico cuando deviene residuo. Según el Real Decreto 110/2015 sobre RAEE, esta vinculación del fabricante con la financiación de los residuos trata de estimular el ecodiseño para conseguir los mejores diseños de aparatos que faciliten su desmontaje, reparación o reciclado, y aumento de su vida útil.

Los productores pueden cumplir con esa obligación constituyendo un sistema individual de gestión o adhiriéndose a un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor de aparatos eléctricos y electrónicos (SCRAP), en el cual participan más productores. Efectivamente, los SCRAP de RAEE son organizaciones sin ánimo de lucro constituidas por fabricantes e importadores de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) cuyo objetivo es canalizar la correcta gestión de estos aparatos cuando se convierten en RAEE.

En la actualidad, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor agrupados en la oficina de coordinación Ofiraee concentran a más del 98% de los productores de AEE.

La responsabilidad ampliada del productor, que se empezó a aplicar en Europa en 1994 con los envases, se amplió posteriormente a vehículos, pilas y flujos de RAEE. “La responsabilidad ampliada del productor ha contribuido al aumento del reciclaje de los RAEE en la Unión Europea, que ha pasado del 27,8% en el 2010 al 41,2% seis años más tarde”, aseguró Matías Rodrigues, director general en España del sistema colectivo European Recycling Platform (ERP) con el cual Felac mantiene un acuerdo de colaboración.

Según Rodrigues, uno de los retos futuros de los SCRAP de RAEE es fomentar la ecomodulación a través de tarifas para los productores que premien el ecodiseño. “Criterios armonizados para todos los países y que tengan en cuenta la naturaleza, el valor y la vida útil de los productos”, detalló.

También en el marco del congreso, Andreu Vilà, director general del sistema colectivo Ecotic, invitó a reflexionar sobre si son idóneos los objetivos de recogida marcados por el Real Decreto 110/2015 respecto a establecer una correlación entre las ventas o puesta en el mercado con la generación de residuos para todos los tipos de AEE.

“Es una ecuación que no se cumple matemáticamente en el caso de los aparatos de aire acondicionado, paneles solares y algunas categorías de AEE de uso profesional al tratarse de productos con ciclos de vida útil más elevados que el resto”, declaró. “Seguramente para estos productos sería más lógico adoptar criterios distintos como el de la generación de residuos o la totalización del objetivo entre RAEE de uso doméstico y profesional”, añadió.

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9 cosas que debe saber el hostelero sobre el bisfenol A (BPA)

¿Qué es el bisfenol A (BPA)?
El bisfenol A (No CAS 80-05-7), conocido también como BPA según su abreviatura en inglés, es una sustancia química ampliamente utilizada en la industria, incluyendo la fabricación de materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos. Principalmente se emplea para fabricar policarbonato, y revestimientos de tipo epoxi para latas de alimentos y bebidas.

¿Todos los plásticos contienen BPA?
Los plásticos son como los metales: hay de muchas clases. “No todos los materiales plásticos destinados al contacto alimentario contienen BPA”, aclara Mª Carmen Moreno, investigadora del laboratorio químico del Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) en la sección de Food Contact and Packaging, centro de referencia en materia de seguridad alimentaria en plásticos.

El documento para comprobar si una materia prima contiene o no BPA es la “Declaración de conformidad”, la cual debe facilitarse en el momento de la venta de la materia prima.

¿Qué dice la norma europea que entra en vigor en septiembre sobre el BPA?
Los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos están regulados por el Reglamento (UE) 10/2011, el cual ha sufrido distintas modificaciones en los últimos años. La más reciente es el Reglamento (UE) 2018/213, de 12 de febrero de 2018, que afecta al uso del bisfenol A en este tipo de materiales plásticos y que entrará en vigor el próximo 6 de septiembre.

Según esta legislación, el BPA queda prohibido en la fabricación de envases de alimentos y bebidas para uso infantil. Asimismo, el límite de migración específico (LME) para plásticos en contacto con alimentos, barnices y recubrimientos se ha establecido en 0,05 mg/kg de alimento –frente a los 0,6 mg/kg que fijaba el Reglamento 10/2011 solo para plásticos en contacto con alimentos–.

¿Qué es el LME?
El límite de migración específica es la cantidad máxima permitida de una sustancia liberada desde un material u objeto en los alimentos.

Con el LME, establecido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus siglas en inglés), se garantiza que el material en contacto alimentario no conlleva un riesgo para la salud.

Para determinar la migración específica del BPA, los fabricantes someten a sus productos de policarbonato a ensayos en centros autorizados.

En el caso de Araven, los productos que fabrica en policarbonato llevan el sello “PC_SAFE”, con lo que la firma quiere transmitir que cumple con la normativa y está dentro de las limitaciones de sustancias en materiales plásticos en contacto con los alimentos.

Gregorio Estrada, director general de A.M.C., precisa que lo que se prohíbe no es el policarbonato, “sino los productos plásticos que contienen BPA con unos índices altos de migración, lo cual es debido, en muchos casos, a la compra de plásticos económicos”.

¿Está prohibido el bisfenol A en Francia?
Si bien la Comisión Europea ha manifestado que está permitido el uso del BPA para estar en contacto con los alimentos definiendo unos límites máximos de migración y con la excepción de artículos dirigidos a lactantes y niños de corta edad, en Francia actualmente está prohibido el uso del BPA en todos los envases, recipientes y utensilios destinados a entrar en contacto directo con los alimentos.

Tras una denuncia de la asociación europea de fabricantes de plásticos Plastics Europe, en el 2015 el Tribunal Constitucional francés levantó parcialmente la prohibición al eximir de la ley a la fabricación y exportación de materiales en contacto con alimentos que contenían BPA. Sin embargo, la prohibición de estos materiales en el mercado francés sigue siendo válida y, por tanto, no se pueden importar ni utilizar.

¿Qué medidas han tomado los fabricantes españoles para vender sus productos de policarbonato en el mercado francés?
En los últimos años, algunos fabricantes que exportaban a Francia optaron por lanzar gamas de sus productos hechos con otros materiales distintos al policarbonato para comercializar en ese mercado.

Un ejemplo lo encontramos en la marca Pujadas, que se inclinó por un copoliéster, material libre de BPA, para fabricar cubetas Gastronorm y jarras. “En Francia sustituimos los productos que ofrecíamos en policarbonato por un copoliéster, a pesar de que su precio es un 25% más elevado”, afirma Daniel Soler, director de Marketing de Vollrath Pujadas.

Araven, por su parte, fabrica desde el 2014 una línea de contenedores para alimentos en ABS –libre de BPA– como alternativa a la tradicional en policarbonato para la vecina Francia.

¿Hay algún plástico con las mismas las propiedades del policarbonato?
Según AIMPLAS, ningún material puede reunir todas las características del policarbonato. “Por ello, en caso de querer sustituirlo, es necesario seleccionar el nuevo material en función de las propiedades que interesen según la aplicación final”, manifiesta Mª Carmen Moreno.

De la misma opinión son los fabricantes de artículos de plástico para hostelería. “Cualquier material alternativo no actúa de la misma manera que el policarbonato, tanto en su comportamiento mecánico como en el rango de temperaturas que soporta en continuo, por eso algunos clientes son reacios al cambio y no demandan un material distinto al policarbonato”, comenta Manuel Rodríguez, director de Marketing de la división de hostelería de Araven.

Para Alberto Ginette, director general de Fervik, “la alta resistencia térmica y al impacto del policarbonato son dos características fundamentales para los artículos dirigidos a la hostelería y, además, el policarbonato ofrece un precio razonable dentro de la gama alta de plásticos técnicos”.

¿Qué futuro le depara al bisfenol A?
Esta última modificación legal vendrá seguida por una nueva reevaluación completa del BPA, que correrá a cargo de la EFSA por encargo de la Comisión Europea.

En esta reevaluación serán tenidos en cuenta los resultados definitivos de un estudio de toxicidad del BPA en roedores realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, cuyas conclusiones provisionales parecen volver a demostrar que el BPA es seguro a los bajos niveles a los que la población está expuesta normalmente.

Más claves sobre el nuevo reglamento europeo que regula los aparatos de gas

Como informaba Felac Innova en un artículo anterior, desde el pasado 21 de abril, el Reglamento Europeo de Aparatos de Gas 2016/426 –conocido como GAR (Gas Appliances Regulation)–, ha sustituido la Directiva 2009/142/CE (GAD, Gas Appliances Directive), que venía regulando los aparatos de gas para su comercialización y puesta en servicio.

Con el objetivo de informar de las novedades de esta reglamentación, la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (Felac) organizó una jornada en la feria Hostelco, el 17 de abril, bajo el título “Nuevo Reglamento Europeo de Aparatos de Gas: obligaciones para fabricantes, distribuidores, importadores y representantes”.

“Nos encontramos ante un importante cambio normativo que conlleva un conjunto de obligaciones para fabricantes, importadores, distribuidores y representantes”, manifestó Rafael Olmos, presidente de Felac. “Unas obligaciones que estos agentes económicos deben conocer para poder poner en el mercado, a partir de ahora, los aparatos de gas, tanto los nuevos como los que se han estado fabricando hasta el momento”, señaló.

¿Qué debe hacer un fabricante si tiene en stock productos fabricados antes del 21 de abril?
En efecto, tal como explicó Marc Parera, técnico del laboratorio de aparatos de gas y calderas de Applus, “el reglamento establece el 21 de abril del 2018 como la fecha a partir de la cual no se puede introducir en el mercado producto con marcado CE de acuerdo a la Directiva 2009/142/CE, por lo que los organismos notificados, que son los que intervienen en el proceso de evaluación de conformidad de los productos, tienen que dar de baja todos los ‘certificados CE’ emitidos en base a esa directiva”.

De esta manera, la “certificación CE” (según la Directiva GAD) deja de ser válida y se requiere la nueva “certificación UE” (según el Reglamento GAR), que ya es obligatoria para las fabricaciones de aparatos de gas puestas en el mercado desde el pasado 21 de abril. Por tanto, un fabricante de aparatos de gas que tenga productos en stock deberá solicitar al organismo notificado que emitió el “certificado CE” –u a otro si lo cree conveniente– el “certificado UE”.

Coexistencia en el mercado de aparatos de gas acordes con las dos normativas
Esta nueva norma jurídica conduce a una situación en la que, durante un tiempo, convivirán en el mercado aparatos de gas de conformes con la Directiva GAD y otros ya adecuados al nuevo Reglamento GAR. Esto es así porque si, por ejemplo, un fabricante de aparatos de gas ha vendido sus productos a un distribuidor antes del 21 de abril y el “certificado CE” está a nombre de ese fabricante como peticionario, los productos están legalmente en el mercado y no se les puede exigir la “certificación UE”.

En el caso de que el “certificado CE” hubiera sido emitido a nombre del distribuidor o representante, los aparatos de gas acordes con la Directiva GAR tendrían que haber salido del almacén de este distribuidor o representante antes del 21 de abril para poder estar legalmente en el mercado.

Según Belén Bailera, responsable del laboratorio de aparatos de gas y calderas de Applus, “el cambio normativo está fundamentado en una homogeneización de las reglamentaciones vigentes entre los estados miembros de la Unión Europea y en una adaptación a los últimos avances tecnológicos de los productos que circulan por el mercado europeo, pero no hay ningún nuevo requisito de seguridad que se haya modificado, por lo que los aparatos conformes a la Directiva GAD no generan ningún peligro que obligue a su retirada del mercado”.

¿Qué ocurre con los componentes?
Otra de las novedades que incorpora el Reglamento Europeo GAR es que los componentes de los aparatos de gas –denominados “equipos” en el texto legal– están obligados asimismo a llevar el marcado CE.

Un fabricante de aparatos de gas podrá incorporar componentes comprados antes del 21 de abril del 2018 a sus aparatos. “Lo importante es que, en la próxima compra, exijan a su proveedor la ‘certificación UE’, así como la ‘declaración UE de Conformidad’ de los mismos, un documento que es obligatorio entregar con cada aparato y equipo, y que incluye información muy detallada de toda la reglamentación que cumple, además de qué organismos notificados han participado en la certificación y evaluación de la conformidad del producto”, advirtió Belén Bailera.

Análisis y evaluación de riesgos: nueva obligación
El reglamento exige un nuevo requisito: el análisis y la evaluación de riesgos de los aparatos y equipos de gas. Tal como expuso David Xaubet, responsable técnico de certificación de producto para seguridad de máquinas de Applus, “la documentación técnica que el fabricante presente al organismo notificado debe contener un análisis y evaluación adecuados de los riesgos identificando las soluciones aplicadas”.

Se intentará reducir todos aquellos riesgos que no se puedan evitar y, como última alternativa, deberán quedar advertidos correctamente en el propio aparato –mediante pictogramas y carteles informativos– y también en la documentación técnica –manual de instrucciones–.

Con el propósito de garantizar la trazabilidad
Una vez que el fabricante dispone de la “certificación UE” emitida por el organismo notificado, debe preparar el marcado CE, las inscripciones y la “declaración UE de conformidad”. Como novedad, el reglamento GAR detalla qué información mínima debe aparecer en esa “declaración UE de Conformidad”, la cual debe acompañar a cada aparato que se ponga en el mercado.

Un dato que debe indicarse a partir de ahora es el número de producto, lote, tipo o serie. “La finalidad es garantizar la trazabilidad de ese aparato o equipo, ya que esta misma información debe coincidir con la que aparece en la placa de características, que es también un requisito nuevo”, explicó Joana Hernández, responsable técnica de certificación de producto para aparatos de gas y calderas de Applus.

“De esta forma, el producto quedará perfectamente identificado en fábrica –mediante los registros de producción– y fuera de fábrica –gracias a la placa de características y la “declaración UE de conformidad”–. En caso de que un estado miembro requiera información de ese producto para verificar cómo se ha fabricado y cuándo se certificó, será posible encontrar esos datos”, comentó Belén Bailera.

El reglamento europeo exige igualmente al agente responsable del producto la conservación de la documentación técnica y la “declaración UE de conformidad” durante diez años después de la introducción del aparato o equipo en el mercado.

Siete novedades que trae el reglamento europeo para aparatos de gas

Este artículo es fruto de la colaboración entre Felac Innova y Applus –organismo notificado para el reglamento europeo de aparatos de gas y con laboratorio propio de ensayos– con el objetivo de explicar las claves del reglamento europeo GAR.

El 21 de abril de este año quedará derogada la directiva que actualmente regula los aparatos de gas para su comercialización y puesta en servicio (directiva 2009/142/CE), conocida como GAD (Gas Appliances Directive). A partir de ese día, se aplicará el reglamento (UE) 2016/426 sobre los aparatos que queman combustibles gaseosos (GAR, Gas Appliances Regulation).

El reglamento GAR surge de la necesidad de modificar algunas de las disposiciones de la directiva para aclararlas y actualizarlas. Al tratarse de un reglamento, no se ha requerido su transposición al ordenamiento jurídico de cada país, evitando posibles divergencias y garantizándose su aplicación uniforme en toda la Unión Europea.

El ámbito de aplicación del reglamento GAR sigue siendo el de los aparatos y equipos. Los “aparatos” son definidos como “aquellos que queman combustibles gaseosos y se utilizan para cocción, refrigeración, acondicionamiento de aire, calefacción, producción de agua caliente, iluminación o lavado, así como los quemadores de aire insuflado y los cuerpos calefactores equipados con tales quemadores”. Los “equipos”, por su parte, equivalen a los componentes de los aparatos, siendo descritos como “los dispositivos de seguridad, control o regulación y sus subconjuntos, destinados a ser incorporados en un aparato o a ser montados para constituir un aparato”.

Los aparatos para ser utilizados, tanto en procesos industriales llevados a cabo en instalaciones industriales como en aeronaves y ferrocarriles, y aquellos con fines de investigación quedan fuera del alcance del reglamento.

El objetivo de esta regulación es “garantizar que los aparatos y equipos presentes en el mercado de la Unión Europea cumplan los requisitos que proporcionan un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad de las personas, los animales domésticos y los bienes, y un uso racional de la energía”. Asimismo, el reglamento GAR establece las normas que regulan la colocación del marcado CE de estos aparatos y equipos.

¿Qué es el marcado CE?
El marcado CE simboliza la conformidad de un producto con los requisitos aplicables de la legislación de la Unión Europea. Por ello, antes de colocarlo, el fabricante debe seguir los procedimientos adecuados de evaluación de la conformidad que marca el reglamento GAR, los cuales requieren la intervención de organismos de evaluación de la conformidad notificados por la Unión Europea.

Para los productos fabricados en serie, esos procedimientos han de iniciarse con la evaluación de una muestra representativa de un modelo de producto mediante el “examen UE de tipo”. La tarea del organismo notificado consistirá en verificar si el diseño técnico de ese aparato o componente cumple los requisitos del reglamento, mediante ensayos y un análisis de la documentación técnica facilitada por el fabricante. En caso afirmativo, ese organismo expedirá un “certificado de examen UE de tipo”.

Principales novedades del GAR
1. De la “certificación CE” a la “certificación UE”
La “certificación CE” deja de ser válida y se requerirá la nueva “certificación UE”, la cual se materializa en el “certificado de examen UE de tipo” y “certificado de conformidad UE con el tipo”.

“Es obligatorio que los productos que se pongan en el mercado a partir del 21 de abril del 2018 dispongan de la nueva ‘certificación UE’, lo que conlleva alguna obligación más para el fabricante que las que implicaba la directiva GAD. No obstante, los aparatos y equipos que cuenten con el ‘certificado CE’ y hayan sido puestos en el mercado antes de esa fecha no quedan afectados por este cambio”, precisa Belén Bailera, jefe de laboratorio de grifería sanitaria y aparatos de gas de Applus.

Otra novedad es que el “certificado de examen UE de tipo” tendrá, a partir de la fecha de emisión, una validez de 10 años.

2. Obligaciones de los agentes económicos
Además de al fabricante, el reglamento GAR incluye a las figuras de representante autorizado, importador y distribuidor como agentes económicos, atribuyéndoles una serie de obligaciones. Así, se considera fabricante a aquel importador o distribuidor que introduce un aparato o equipo en el mercado con su nombre o marca, o que modifica un aparato o equipo ya puesto en el mercado.

Tanto el importador como el distribuidor estarán obligados a asegurarse de que los aparatos y equipos que comercializan lleven el marcado CE y vayan acompañados de la “declaración UE de conformidad”, además de las instrucciones e información relativas a la seguridad (manuales de instalación e instrucciones, y advertencias oportunas en el aparato y embalaje), redactadas en una lengua comprensible para los consumidores y usuarios finales. También habrán de cerciorarse de que el fabricante haya seguido el correspondiente procedimiento de evaluación de la conformidad y haya elaborado la documentación técnica, para que, en caso de requerimiento por parte de las autoridades, pueda ser presentada.

El distribuidor, por su parte, confirmará que el fabricante y el importador hayan respetado los requisitos establecidos en cuanto a la identificación del producto con un número de tipo, lote o serie, y a la indicación en el aparato del nombre, nombre comercial registrado o marca registrada del fabricante o importador, así como su dirección postal de contacto.

3. Evaluación de riesgos
La documentación técnica que el fabricante presenta al organismo notificado para solicitar el “certificado de examen UE de tipo” de un aparato o equipo deberá incluir un análisis y evaluación de riesgos del mismo. Según David Xaubet, responsable técnico de certificación de producto para seguridad de máquinas de Applus, “el fabricante tendrá que analizar los riesgos que puedan generar los aparatos, que suelen ser mecánicos, eléctricos, de compatibilidad electromagnética, o los derivados de las atmósferas explosivas (ATEX), así como tener en cuenta no solo los usos previstos del aparato sino los usos razonablemente previsibles”.

Una vez el fabricante haya definido los riesgos, deberá, en este orden: eliminarlos o reducirlos en la medida de lo posible; adoptar las medidas de protección necesarias frente a los riesgos que no pueden eliminarse, e informar a los usuarios de los riesgos residuales e indicar si es necesario tomar precauciones.

4. Una única “declaración UE de conformidad”
Si un aparato o equipo está sujeto a más de una norma que exija una “declaración UE de conformidad”, el fabricante elaborará una única declaración. Asimismo, este conservará la documentación técnica y la “declaración UE de conformidad” durante 10 años.

5. Uso racional de la energía
El GAR no debe aplicarse en lo que incumbe a aspectos tratados de forma más específica por otra legislación de armonización de la Unión Europea. “Es el caso del requisito del reglamento del uso racional de la energía, el cual queda sin aplicación si al producto en cuestión le aplica la directiva de ecodiseño 2009/125/CE, encargada de establecer los requisitos para la eficiencia energética de los aparatos. A día de hoy, en lo que afecta a aparatos de gas, serían un ejemplo de esta excepción las calderas y calentadores”, señala Belén Bailera.

6. Más riesgos detectables por las autoridades de vigilancia del mercado
Actualmente las autoridades nacionales de vigilancia del mercado pueden instar al agente económico a tomar las medidas oportunas si creen que un aparato o equipo presenta un riesgo para la salud o seguridad, pero a partir de abril será también motivo suficiente el considerar que el marcado CE no es conforme, o no se dispone de la “declaración UE de conformidad” o de la documentación técnica.

Para Belén Bailera, “es un cambio importante que tener presente, ya que hasta ahora no se especificaba de forma tan clara que un incumplimiento de este tipo, es decir, una “falta documental”, pudiese implicar la retirada del producto del mercado, de forma similar a cuando supone un riesgo para la seguridad o salud”.

7. El marcado CE: también obligatorio para los componentes
Los equipos, que no son aparatos sino productos intermedios diseñados para ser incorporados en un aparato, también deben llevar el marcado CE.

Los fabricantes españoles ya ofrecen armarios refrigerados de clase A

El etiquetado energético en los armarios y mesas de conservación refrigerados de uso profesional es obligatorio desde hace poco más de un año, tal como informó

La opinión de las marcas
La vía principal para mejorar la eficiencia energética de los armarios y mesas de refrigeración y escalar hasta la clase A ha sido sustituir el gas refrigerante con el que funcionaban hasta ahora, normalmente gases fluorados de tipo HFC (hidrofluorocarbonos) –como el R134a y el R404A– por hidrocarburos como el R290 y el R600a.

José María Torres, director de Marketing de Infrico, explica que el hidrocarburo R290 forma parte del grupo de refrigerantes naturales y tiene un potencial de reducción de ozono (ODP) nulo y un potencial de calentamiento global (GWP) insignificante en comparación con los refrigerantes tradicionales. “El equipo profesional que funciona con gases fluorados se sitúa en una clase de eficiencia energética que, en el mejor de los casos, puede corresponder a la letra D”, afirma.

Según Manuel Mellado, jefe de producto de Coreco, la maquinaria de clase A de la firma “puede suponer un gasto energético anual de una quinta parte del correspondiente a un equipo de hace cinco o seis años”. “El gasto de electricidad a la hora de un armario con unos 500 litros de capacidad equivale al de una bombilla de 40 W, con la salvedad de que el armario da servicio a un restaurante manteniendo los alimentos a la temperatura adecuada”, precisa.

Dado que las soluciones de clase de eficiencia energética A se salen de la oferta estándar en refrigeración comercial, su precio es también mayor. Un 20% superior al de los equipos estándar, según Fagor Industrial, que estima en tres años y medio su amortización en energía consumida.

Un gran ahorro para el hostelero
El principal beneficio para el usuario está claro: el ahorro en la factura de la electricidad. “Hay que tener en cuenta que el consumo energético es un coste operacional de una empresa”, subraya José María Torres. Mikel Olarte, director de Marketing de Fagor Industrial apunta otra ventaja: “Los edificios de nueva construcción están obligados a disponer de una certificación energética, y no va a suponer lo mismo tener equipos de frío eficientes energéticamente que otros que no lo sean”.

Para los fabricantes españoles de refrigeración comercial, la carrera de la eficiencia energética no ha hecho más que empezar. Según José Manuel Lara, jefe técnico de Docriluc, “los fabricantes vamos a continuar sacando gamas situadas en las primeras posiciones de la clasificación, si bien para ello va a ser vital el desarrollo de nuevos gases refrigerantes y compresores de alto rendimiento energético”.

Mikel Olarte, por su parte, insiste en la apuesta decidida de la industria española de refrigeración comercial por sacar al mercado equipos con la eficiencia energética por bandera. “Detrás de ello ha habido un importante esfuerzo en I+D que pone de manifiesto una vez más el alto nivel de nuestra industria”, declara.

¿Cómo consiguen los fabricantes mejorar la eficiencia energética?
Aparte de la sustitución de los gases refrigerantes fluorados por hidrocarburos, los fabricantes también han conseguido mejorar la eficiencia energética de los equipos aumentando el espesor de los aislamientos, optimizando el sistema frigorífico y utilizando componentes altamente eficientes. En definitiva, todo un conjunto de transformaciones que hacen que su precio se incremente.

Dentro de la oferta de equipos de refrigeración profesional de clase de eficiencia energética A fabricada por firmas españolas, a día de hoy se encuentran gamas de armarios y mesas Gastronorm de Coreco, Docriluc, Fagor Industrial e Infrico.

¿Qué es BIM?

BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de proyectos constructivos, ya sean de edificación o de obra civil, a través de una maqueta digital. Esta maqueta digital constituye una gran base de datos que permite gestionar los elementos que forman parte de esa obra durante todo el ciclo de vida de la misma.

De esta manera, BIM supone la evolución de los sistemas de diseño tradicionales basados en el plano, ya que incorpora información geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental (6D) y de mantenimiento (7D).

Según Sergio Muñoz, secretario de la asociación Building Smart Spain, “toda esa información que el modelo digital BIM proporciona, combinada con la geométrica, permite tomar mejores decisiones, ya que pueden estimarse costes de consumo energético del edificio, prever su comportamiento acústico o tener un presupuesto actualizado en tiempo real”.

Los entornos de trabajo BIM posibilitan que toda la información sea compartida por los diferentes participantes en el proyecto constructivo –arquitectos, constructores, ingenieros, etcétera– y también entre las diferentes etapas del mismo. Así, el trabajo colaborativo es cardinal en la metodología BIM. “Se pretende que todos los agentes que participan en un proyecto constructivo lo hagan en todas las fases, de manera que aquellos que están involucrados en la construcción, operación y mantenimiento tomen parte también en el diseño. Si todos los agentes dan su visión en la fase de diseño, seguro que se evitan posibles riesgos e incertidumbres futuros”, explica Sergio Muñoz. “La idea es huir de la forma actual de trabajo secuencial, según la cual yo hago mi trabajo, te lo paso, tú haces el tuyo y se lo pasas al siguiente, a un modelo colaborativo que permita que la gente pueda participar al mismo tiempo”, precisa.

Implantación progresiva en distintos países
Durante los últimos años, el uso de la metodología BIM se va extendiendo por todo el mundo. En licitaciones públicas, ya es obligatoria en países como Noruega, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido. En otros, a pesar de no existir una obligatoriedad, se valora su utilización en la contratación pública. Es el caso de Japón, Corea del Sur, Estados Unidos o Australia.

En España, el Ministerio de Fomento creó en el 2015 la Comisión BIM para la implantación de la metodología BIM en nuestro país. Un año antes, la Unión Europea había instado a los países miembros a que se considerara la conveniencia de incorporar esta forma de trabajo para modernizar y mejorar los procesos de contratación pública.

Junto a Alemania e Italia, España se encuentra dentro del grupo de países que en los próximos años exigirán como obligatorio su uso en licitaciones. En concreto, según informan a Felac Innova fuentes de la Comisión BIM, el calendario que se está barajando en España contempla la inclusión progresiva de requisitos BIM en los pliegos de las licitaciones públicas relacionadas con la edificación a partir de diciembre del 2018 y en las referidas a las infraestructuras a partir de diciembre del 2019. Pero a pesar de no ser obligatorio, actualmente ya hay administraciones públicas españolas que están exigiendo o valorando el empleo de la metodología BIM en los concursos públicos.

Dos experiencias con BIM: Sach Consulting y Capella García Arquitectura
Sach Consulting es una consultoría de ingeniería y project management que desde el 2012 elabora la gestión de sus proyectos con la que ha bautizado como “metodología BIM project management”, que es el resultado de la aplicación de los procesos de la norma ISO 21500 y del modelo BIM.

Felipe Choclán, arquitecto y BIM project manager de Sach Consulting, se refiere a BIM como “la revolución industrial del siglo XXI en la industria de la construcción”. “Lo que hasta hace muy poco era el futuro en cuanto a BIM, actualmente es el presente, y todo aquel que en el sector de la construcción no haya sido capaz de hacer la inmersión en esta metodología de trabajo, está fuera de juego. Todas las partes de un proyecto constructivo han de ser conscientes de la necesidad de trabajar con BIM: tanto los promotores privados como públicos, constructores, arquitectos e ingenieros y los responsables de project y facility management”, declara.

Miquel García, socio del estudio Capella García Arquitectura, trabaja desde hace cerca de 25 años con el embrión de la metodología BIM. “En aquella época el BIM no existía como concepto, hablábamos de ‘edificio virtual’”, comenta. “En nuestro caso, seguimos utilizando BIM como herramienta de diseño, con la ventaja de que ganamos un gran control sobre el proyecto porque ya en la fase de diseño puedes prever problemas que pueden generarse después”, afirma.

El papel de los fabricantes de equipamiento
Según Sergio Muñoz, los fabricantes de todo tipo de equipamiento tienen que tener en cuenta que se encuentran en un punto importante en toda esta transformación: “Es fundamental que digitalicen sus catálogos de productos en formato BIM y los ofrezcan así al mercado en sus propias páginas web.  Eso va a permitir que un arquitecto o un prescriptor pueda descargar esos productos para incorporarlos a un proyecto, de manera que estamos hablando de productos que pueden llegar a cualquier parte del mundo”.

Actualmente existen empresas privadas, como BIMObject o BIMETICA, que ofrecen plataformas en internet que sirven de enlace entre los fabricantes de productos para la construcción, y los arquitectos, ingenieros, diseñadores, instaladores y prescriptores. Los fabricantes utilizan estos portales como herramienta de marketing, publicando sus productos digitalizados en formato BIM (“objetos BIM”) con el propósito de obtener visibilidad en el sector de la construcción y aumentar así sus posibilidades de ser seleccionados en la fase de diseño.

Algunas empresas integradas en Felac están presentes en estas plataformas multiproducto y multimarca. Es el caso del fabricante de equipos de refrigeración comercial Coreco, que desde hace unas semanas tiene productos en BIMObject. “Hemos apostado por tener presencia en esta plataforma donde nuestros clientes podrán optar a nuevas oportunidades de negocio usando esta tecnología”, manifiesta Manuel Mellado, jefe de producto de Coreco.

Novedades normativas para la hostelería

Ha sido publicada la norma UNE 23510 de sistemas de extinción de incendios en cocinas comerciales, desarrollada con el objetivo de establecer una base común de protección de las cocinas comerciales, es decir, aquellas que pueden encontrarse en restaurantes, hoteles u hospitales.

El texto normativo ha sido elaborado por la Asociación Española de Normalización (UNE) a través del Comité Técnico de Normalización CTN 23, especializado en seguridad contra incendios y del que Tecnifuego-AESPI –asociación de empresas dedicadas a la protección contra incendios– ocupa la secretaría técnica.

Según Carlos Pérez, coordinador del Comité de Sistemas Fijos de Tecnifuego-AESPI, “la publicación de la norma UNE-23510 introduce en el mercado español un marco normativo con los requisitos mínimos para realizar el diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas fijos automáticos de extinción de incendios destinados a la protección de las cocinas comerciales, el cual es aplicable a cualquier sistema de extinción de incendios”. “Aunque había diversos documentos técnicos que trataban la protección de las cocinas comerciales, hasta ahora no existía una norma española que abordase este asunto de manera global”, añade.

El marco legislativo actual para una cocina comercial en materia de seguridad contra incendios es, por una parte, el Código Técnico de la Edificación respecto a los usos que requieren protección contra incendios, y por otra parte, el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) en cuanto a los requisitos que deben cumplir los diferentes tipos de sistemas de protección contra incendios, y las empresas que los instalan y mantienen. “En este sentido, la publicación de la norma no implica un cambio legislativo”, afirma Carlos Pérez.

Los puntos más importantes
La norma UNE 23510, de aplicación voluntaria, está dirigida a la protección del riesgo, independientemente de cuál sea la tipología del sistema de extinción utilizado.

Carlos Pérez destaca otra cuestión relevante: “La norma dice que, para una protección correcta, se debe actuar de manera simultánea en todos los elementos de la cocina que se encuentran bajo una misma campana y sobre ella misma para evitar la propagación del incendio”. Así, la protección del riesgo incluye tanto los aparatos de cocina como la campana, el plénum y los conductos de extracción.

Otro aspecto donde el experto pone el acento es en la inclusión de protocolos de extinción, “ya que son los que determinan los parámetros de uso que deben utilizarse en la configuración de los sistemas de extinción de incendios”.

Quedan fuera del alcance de esta norma las condiciones que deben cumplir los componentes que conforman los diferentes tipos de sistemas de extinción. Esta circunstancia no resta importancia a la necesidad de que los componentes estén diseñados para asegurar la funcionalidad y fiabilidad del sistema, tanto para aquellos para los que hay normas existentes como para los que por el momento no disponen de ellas.

Consultado sobre la maquinaria de hostelería, Carlos Pérez responde que la norma no habla de esta como tal, y solo se centra “en las condiciones que debe cumplir el sistema de extinción para aquellos equipos y aparatos relacionados con la cocción y la extracción de humos susceptibles de desarrollar un incendio”.

Ante la publicación de la UNE 23510, fabricantes de sistemas de extracción de humos para cocinas comerciales que distribuyen sistemas de extinción de incendios como Luis Capdevila y Morgui Clima aplauden su llegada. Para Luis Jofresa, gerente de Luis Capdevila, “la norma nos parece conveniente, ya que a partir de ahora la calidad del sistema contra incendios va a pasar a un primer plano”. Una opinión compartida por Jordi Morgui, gerente de Morgui Clima, quien manifiesta que la norma asegurará la efectividad de todos los sistemas contra incendios que se comercializan, “ya que también estarán obligados a un mayor control bajo certificaciones aún más exigentes”.

Norma UNE 167013 con los requisitos para la prestación del servicio en los restaurantes
La nueva norma UNE 167013 Hostelería. Servicios de Restauración. Requisitos para la prestación del servicio es una herramienta que trata de promover la mejora de la competitividad de las empresas de restauración, independientemente de su tamaño y el tipo de servicio que presten (servicio en sala, bar, catering, autoservicio, etcétera).

Para ello, establece los requisitos relativos a la gestión interna de toda empresa de restauración, de servicio, de infraestructuras y equipamientos, y de seguridad e higiene alimentaria. En este sentido, determina los requisitos de un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), siendo aplicable en aquellas áreas del establecimiento que puedan tener un impacto en la seguridad alimentaria. Por lo que respecta a las especificaciones técnicas de los utensilios y el equipamiento empleado en este tipo de locales, no son objeto de esta norma.

Según la Asociación Española de Normalización (UNE) a través de la revista AENOR, la norma UNE 167013, debidamente implementada, “contribuirá a la mejora de la gestión y servicio de la organización que voluntariamente opte por aplicar sus requisitos”.

Los establecimientos de restauración a los que va dirigida esta norma están incluidos en los siguientes grupos: restauración comercial (restaurantes, cafeterías y bares); restauración en comedores colectivos atendidos por restaurantes en concesión y restaurantes explotados por las propias colectividades; restauración civil vinculada al transporte; servicios de restauración a domicilio; empresas de banquetes; cocinas centrales, y cualquier otro establecimiento de restauración que mantenga su propia razón social.

La transición hacia una economía circular

“Está claro que los resultados económicos del futuro van a depender de que convirtamos la preocupación por el medio ambiente en una parte fundamental de nuestras políticas económicas y sociales, en lugar de limitarnos a considerar la protección de la naturaleza como algo accesorio” afirmó Arancha Bengoechea, socia responsable de Derecho Administrativo y Sector Público de PwC, parafraseando al excomisario europeo Janez Potočnik. Lo hizo en el Primer Congreso Nacional de RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), celebrado durante los días 22 y 23 de junio en Antequera (Málaga) y organizado por OfiRaee, plataforma que agrupa a los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) de RAEE.

La Unión Europea ha adoptado distintas políticas para tratar de equilibrar los intereses sociales, económicos y ambientales. En este sentido, “una Europa que utilice eficazmente los recursos” es una de las siete iniciativas que forman parte de la estrategia Europa 2020, la cual tiene por objeto construir unas bases sólidas para el crecimiento y la creación de empleo.

Las previsiones demográficas hablan de crecimientos de la población y del número de consumidores en todo el mundo. Según el reciente informe “Revisión 2017 de las perspectivas de la población mundial” de las Naciones Unidas (ONU), el número actual de habitantes del planeta, calculado en 7.600 millones, pasará a 8.600 en el 2030 y a 9.800 en el 2050.

Unos datos que cuestionan si los límites ecológicos del planeta pueden sostener un crecimiento económico cimentado en unas pautas de consumo y producción propias de un modelo lineal –basado en la extracción, fabricación, utilización y eliminación–.

Por todo ello, se hace necesario transformar el modelo de consumo actual de “comprar, utilizar y tirar” por otro circular. “La economía circular considera a los residuos como recursos devolviéndolos al circuito productivo”, explicó en el congreso Alejandro Lajo, socio-director del gestor de residuos Revertia.

El ecodiseño como herramienta para mejorar todo el ciclo de vida del producto
José María Fernández Alcalá, coordinador de proyectos de Ihobe, la sociedad pública de gestión ambiental del gobierno vasco, habló del ecosideño o diseño ecológico, atribuyéndole la función de “aportar estrategias de diseño para mejorar todo el ciclo de vida del producto”. Así, partiendo de la premisa de que “el mejor residuo es aquel que no se genera, o al menos aquel que se genera más tarde”, el experto propuso distintas estrategias de ecodiseño para la prevención de RAEE: “aumentar la vida útil del producto”, “fomentar su reutilización” o “recuperarlo parcialmente”. Asimismo, recordó que es mucho más fácil reciclar un producto que ha sido diseñado para ello, que uno que no.

El régimen jurídico de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y el de sus residuos (RAEE) se establece a nivel comunitario mediante la Directiva 2012/19/UE sobre RAEE –conocida como Directiva RAEE2–, incorporada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Este marco normativo sobre RAEE parte de la responsabilidad ampliada del productor, de manera que, en aplicación del principio de “quien contamina paga”, el productor del aparato eléctrico o electrónico tiene la obligación de asumir la financiación de la gestión de los AEE cuando devienen residuos.

Según el real decreto, la responsabilidad ampliada del productor es un medio para estimular la prevención, el ecodiseño y la reciclabilidad de los aparatos. “Al vincular al fabricante en la financiación de la gestión de los residuos se espera que se incentiven mejores diseños de los AEE que faciliten su desmontaje, reparación o reciclado o aumento de su vida útil (evitando la obsolescencia programada) y que, junto con la incorporación de un menor contenido en sustancias peligrosas, abaraten y mejoren la gestión de los residuos”, indica el texto legal.

Arancha Bengoechea aseguró en el congreso que la responsabilidad ampliada del productor, que actualmente existe para flujos de RAEE, vehículos, pilas y envases, “ha llegado para quedarse porque es un modelo que ha triunfado”.